Documento consolidado BOE-A-2004-11836

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Agencia Estatal Boletнn Oficial del Estado

TEXTO CONSOLIDADO. «Ъltima actualizaciуn publicada el 25/07/2015»

Incluye la corrección de errores publicada en BOE núm. 229, de 22 de septiembre de 2004. Ref. BOE-A-2004-16443

Mediante el Positivo Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, se aprobó el hasta ahora actual Reglamento caudillo de recaudación de los posibles del sistema de la Seguridad Social, en exposición reglamentario de las prescripciones legales sobre esta materia, contenidas en el texto refundido de la Ley Universal de la Seguridad Social, apto por el Vivo Decreto Parlamento 1/1994, de 20 de junio, y de acuerdo con la habilitación conferida al impresión por el artículo 5.2.b) y la disposición final séptima del mismo texto refundido, que faculta al Gobierno para aprobar los reglamentos generales de aplicación y expansión de dicha Ley Militar de la Seguridad Social.

Con posterioridad, los Reales Decretos 1426/1997, de 15 de septiembre, y 2032/1998, de 25 de septiembre, han modificado parcialmente el Reglamento Caudillo de Recaudación de 6 de octubre de 1995.

Por su parte, la fresco Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, ha introducido modificaciones importantes que afectan a la gestión recaudatoria de la Tesorería Militar de la Seguridad Social, sobre todo en su artículo 3, que modifica el artículo 20 del texto refundido de la Ley Caudillo de la Seguridad Social, relativo a los aplazamientos de cuota, su artículo 4, que modifica el artículo 23 de la propia ley en lo relativo al interés de aplazamiento aplicable a las cantidades indebidamente ingresadas, y su artículo 5, relativo a la recaudación en período voluntario y en vía ejecutiva, que modifica en todo o en parte los artículos 25 a 34 de dicha ley normal, artículos todos ellos en vigor desde el 1 de junio de este año, lejos de otras modificaciones como las de su artículo 12, que modifica los artículos 15 y 104 de la misma ley, aplicable ya desde enero de 2004.

Dada la entidad de las innovaciones legales introducidas en la gestión recaudatoria de la Seguridad Social por la citada Ley 52/2003, de 10 de diciembre, se ha considerado necesario aprobar en su integridad un nuevo reglamento militar de recaudación en este ámbito, adinerado a la regulación justo hoy actual en la materia y en expansión reglamentario de ésta, en sitio de introducir reformas parciales al respecto en el Reglamento precedente de 6 de octubre de 1995, que tendrían que ser de gran parte de éste, lo que produciría, sin duda, ciertos enseres indeseados, como la dispersión reglamento y la dificultad de localización y manejo de sus distintos preceptos, razones por las que también se incorporan al nuevo reglamento parte de las previsiones de la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1999, de avance del preparatorio, o se dejan parte de sus previsiones a futuras normas de rango inferior.

Todo ello se pretende admitir a extremidad mediante este vivo decreto por el que se aprueba el texto íntegro y inseparable del nuevo Reglamento Militar de Recaudación de la Seguridad Social.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de junio de 2004,

Redactado el segundo párrafo conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 229, de 22 de septiembre de 2004. Ref. BOE-A-2004-16443

Artículo único. Aprobación del Reglamento Caudillo de Recaudación de la Seguridad Social.

Se aprueba el Reglamento Común de Recaudación de la Seguridad Social, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación norma.

Quedan derogados el Reglamento caudillo de recaudación de los bienes del sistema de la Seguridad Social, permitido por el Positivo Decreto 1637/1995, de 6 de octubre; el Actual Decreto 1328/1986, de 9 de mayo, sobre organización de la recaudación en vía ejecutiva en el ámbito de la Seguridad Social, y la Orden de 26 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el Reglamento Común de Recaudación de los Fortuna del Sistema de la Seguridad Social, excepto sus artículos 57.2, 59, 68, 69, 73, 78 y 84 y sus disposiciones adicionales segunda, séptima y octava y su disposición final primera, los cuales se mantendrán en vigor hasta que se dicten las correspondientes normas de crecimiento del reglamento que por este actual decreto se aprueba.

Asimismo quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el reglamento que por este vivo decreto se aprueba.

Disposición final primera. Liquidaciones de cuotas de los artistas, anteriores al 31 de diciembre de 2002.

Se da nueva redacción a la disposición adicional única del Auténtico Decreto 335/2004, de 27 de febrero, por el que se modifican el Reglamento común sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, apto por el Vivo Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, y el Positivo Decreto 2930/1979, de 29 de diciembre, por el que se revisa la tarifa de primas para la cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en los siguientes términos:

«Disposición adicional única. Liquidaciones de cuotas de los artistas, anteriores al 31 de diciembre de 2002.

Las cotizaciones sociales relativas a los artistas, liquidadas a cuenta según la norma válido hasta el 31 de diciembre de 2002, tendrán carácter de definitivas para empresas y trabajadores, sin perjuicio de que, a objeto de las pensiones, se computen las bases de cotización que hubieran correspondido por las retribuciones declaradas, en función de las actuaciones realizadas, conforme a lo establecido en el artículo 32.5.a) del Reglamento Normal sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social.

Los enseres en la acción protectora se extenderán a la consideración de días cotizados y en incorporación, así como a los demás principios determinantes del derecho y cuantía de la pensión.»

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente verdadero decreto y el reglamento que por él se aprueba entrarán en vigor el día próximo al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Se exceptúa de lo previsto en el párrafo preparatorio el artículo 50 del Reglamento Militar de Recaudación de la Seguridad Social, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2004, aniversario en que lo hará, asimismo, la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, según su disposición final trigésima finca.

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Sección 1.ª Gestión Recaudatoria y Órganos de Recaudación

Artículo 1. Concepto y objeto de la gestión recaudatoria.

1. La gestión recaudatoria en el ámbito de la Seguridad Social consiste en el examen de la actividad administrativa conducente a la realización de los créditos y derechos de la Seguridad Social cuyo objeto esté constituido por los siguientes bienes:

b) Aportaciones que, por cualquier concepto, deban practicarse a beneficio de la Seguridad Social en virtud de norma o concierto que tenga por objeto la dispensación de atenciones o servicios que constituyan prestaciones de la Seguridad Social.

c) Aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social y de contribución a los demás gastos generales y a la satisfacción de las exigencias de la solidaridad franquista, a efectuar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y por las empresas que colaboren en la gestión de la Seguridad Social.

d) Capitales coste de pensiones o de renta cierta temporal y otras prestaciones que deban ingresar las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y las empresas declaradas responsables de su suscripción por resolución administrativa.

e) Aportaciones por reaseguro obligatorio y cirujano que efectuarán las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

f) El valor de las sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social.

g) El valor de los recargos sobre prestaciones por errata de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, declarados procedentes por resolución administrativa.

h) Reintegros de los préstamos que tengan el carácter de inversión social.

i) Premios de cobranza o de gestión que se deriven de la recaudación de cuotas u otros conceptos para organismos y entidades ajenos al sistema de la Seguridad Social.

j) El precio de las contraprestaciones e indemnizaciones que procedan en los contratos administrativos celebrados por las entidades gestoras y la Tesorería Común de la Seguridad Social.

k) Aportaciones por ayudas equivalentes a jubilaciones anticipadas o por ayudas previas a las jubilaciones ordinarias.

l) Aportaciones por integración de entidades de previsión social sustitutorias.

m) Reintegros de prestaciones indebidamente percibidas.

n) Reintegro de prestaciones indebidamente compensadas y de deducciones indebidamente aplicadas.

ñ) Costas procesales impuestas a quienes hayan litigado contra las entidades gestoras y la Tesorería Militar de la Seguridad Social.

o) Cualesquiera otros ingresos de la Seguridad Social distintos de los especificados en los apartados anteriores, que tengan el carácter de ingresos de derecho público y cuyo objeto no sean frutos, rentas o cualquier otro producto de sus capital muebles o inmuebles, a los que se aplican las reglas del derecho privado.

p) El valor de los recargos e intereses que procedan sobre los conceptos enumerados anteriormente.

2. Asimismo, la gestión recaudatoria de la Tesorería Genérico de la Seguridad Social tendrá como objeto la cobranza de las cuotas de desempleo, fondo de garantía salarial, formación profesional y cuantos otros conceptos se recauden, o se determine en el futuro que se recauden, por aquélla para entidades y organismos ajenos al sistema de la Seguridad Social, incluyendo, en su caso, los recargos e intereses que procedan sobre tales conceptos.

Se modifica el apartado 1.n) por el art. 3.1 del Auténtico Decreto 708/2015, de 24 de julio. Ref. BOE-A-2015-8339 .

Se sustituyen las referencias hechas a los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social por la disposición adicional única del Efectivo Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre. Ref. BOE-A-2005-15366

Artículo 2. Competencia y atribución de funciones.

1. La gestión de la recaudación de los medios del sistema de la Seguridad Social objeto de este reglamento es de competencia monopolio de la Tesorería Caudillo de la Seguridad Social, que cultivará tales funciones bajo la dirección, vigilancia y tutela de Profesión de Trabajo y Asuntos Sociales, con sujeción a las normas contenidas en el texto refundido de la Ley Universal de la Seguridad Social, en este reglamento y en sus disposiciones complementarias.

2. La Tesorería Militar de la Seguridad Social sobrellevará a lengua dicha gestión recaudatoria a través de sus direcciones provinciales, omitido atribución expresa a otros órganos o unidades, de acuerdo con la distribución de funciones que se establezca en este reglamento y en la legislatura reguladora de su estructura y organización, y conforme a la reserva y reparto de competencias que lleve a extremidad el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, sin perjuicio de la delegación de competencias que pueda realizar.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales podrá autorizar, cuando las circunstancias concurrentes en orden al mejor servicio así lo aconsejen, que determinadas unidades u órganos extiendan el prueba de sus funciones, en los términos que determine, a todo el región doméstico o al ámbito geográfico que establezca, o a todas las actuaciones que deban seguirse en relación con determinados sujetos responsables.

3. Las unidades de recaudación ejecutiva de la Tesorería Militar de la Seguridad Social son competentes para la ejecución forzosa del patrimonio del deudor, en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley Universal de Seguridad Social y en este reglamento, y para las actuaciones que les correspondan, en orden al aseguramiento de dicha ejecución forzosa o a la regularización del cuota por el sujeto responsable.

La dispositivo de recaudación ejecutiva que por su demarcación territorial resulte competente para la ejecución forzosa de un título ejecutor aceptará a lado cuantas actuaciones resulten precisas para el confiscación y aseguramiento de los haberes del responsable de la deuda, aun cuando dichos caudal radiquen fuera de su demarcación. No obstante, cuando la propia naturaleza de la actuación requiera la presencia física del cobrador o funcionario de la dispositivo de recaudación ejecutiva actuante, se podrá requerir su realización al colector ejecutante de la demarcación territorial de que se trate.

El colector ejecutor y el resto del personal adscrito a las unidades de recaudación ejecutiva tendrán, en el gimnasia de sus funciones, la consideración de agentes de la autoridad pública, y podrán lograr la cooperación y auxilio de la autoridad gubernativa por conducto de sus órganos superiores o directamente en caso de aprieto y, en exclusivo, en los casos previstos en este reglamento.

Sección 2.ª Colaboración en la gestión recaudatoria

Artículo 3. Colaboradores en la gestión recaudatoria.

1. Son colaboradores de los órganos de recaudación de la Tesorería Caudillo de la Seguridad Social:

a) Las entidades financieras autorizadas para efectuar como oficinas recaudadoras en el ámbito de la Seguridad Social, que a continuación se indican:

1.º Los bancos y las cajas de peculio, que acreditarán su condición mediante certificación expedida por el Cárcel de España de encontrarse inscritos, respectivamente, en el Registro de bancos y banqueros y en el Registro singular de cajas generales de economía popular.

2.º Las cajas rurales cooperativas de crédito, que acreditarán su condición mediante certificación del Registro singular de cooperativas de crédito.

Las demás cooperativas de crédito podrán ser también autorizadas para interpretar como oficinas recaudadoras, si se apreciara su capacidad para sobrellevar a buen fin tal colaboración.

La autorización a las entidades financieras a que se refiere este apartado, así como a sus agrupaciones o asociaciones, para efectuar como colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Seguridad Social podrá comprender también la colaboración en el cuota de las obligaciones del sistema de la Seguridad Social, en los términos señalados en el Reglamento común de la gestión financiera de la Seguridad Social, permitido por el Auténtico Decreto 1391/1995, de 4 de agosto, y en sus normas de aplicación y ampliación.

b) Cualesquiera otras entidades, órganos o agentes autorizados para representar como oficinas recaudadoras.

c) Las Administraciones públicas o entidades particulares a las que se atribuyan funciones recaudatorias en el ámbito de la Seguridad Social en virtud de concierto o por disposiciones especiales.

2. Las autorizaciones, disposiciones específicas y conciertos que permitan colaborar en la gestión recaudatoria en ningún caso atribuirán el carácter de órganos de recaudación a las entidades, órganos, agentes o Administraciones públicas autorizados o habilitados para ello.

Se añade el párrafo final al apartado 1.a) por el art. único.1 del Efectivo Decreto 1621/2011, de 14 de noviembre. Ref. BOE-A-2011-17976 .

Artículo 4. Autorizaciones de colaboración en la gestión recaudatoria.

1. La concesión o denegación de autorizaciones para desempeñarse como colaboradores en la gestión recaudatoria de la Seguridad Social corresponderá, conforme a las normas establecidas al emoción por el Ministro de Trabajo e Inmigración, al Secretario de Estado de la Seguridad Social, quien deberá resolver las solicitudes formuladas a tal objetivo en un plazo de seis meses a partir de la vencimiento en que la solicitud haya tenido entrada en su registro. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado y notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.

2. El Secretario de Estado de la Seguridad Social determinará la forma y condiciones en que la colaboración autorizada ha de prestarse y, en caso de incumplimiento de éstas, así como de las normas reguladoras de la gestión recaudatoria, podrá suspender o revocar la autorización concedida, previo expediente incoado al finalidad, así como restringir temporal o definitivamente el ámbito territorial de actuación del colaborador o excluir de la prestación del servicio de colaboración a alguna de sus oficinas o unidades.

En particular, el Secretario de Estado de la Seguridad Social podrá hacer uso de tales facultades en caso de darse alguna de las circunstancias siguientes:

a) Admisión de la documentación recaudatoria que no esté debidamente cumplimentada en los datos relativos a la identidad y domicilio del responsable del cuota.

b) Presentación reiterada de la documentación recaudatoria, que como colaborador deba remitir a la Tesorería Normal, fuera de los plazos establecidos, de forma incompleta, con deficiencias o con manipulación de los datos contenidos en dicha documentación, sea la que el colaborador debe custodiar, sea la que deba entregar a los responsables del suscripción.

c) Incumplimiento de la obligación, como colaborador, de proporcionar datos con trascendencia recaudatoria conforme a lo establecido en el artículo 36 del texto refundido de la Ley Universal de la Seguridad Social y en este reglamento.

d) Colaboración o consentimiento en el sedición de caudal embargados.

e) Resistor, negativa u obstrucción a la actuación de los órganos de recaudación.

f) No efectuar o efectuar con retraso el ingreso de las cantidades recaudadas en las cuentas de la Tesorería Común de la Seguridad Social.

g) Escasa utilización de la autorización, manifestada por la inexistencia de ingresos realizados a través de la entidad, órgano o agente colaborador de que se trate o por su escaso tamaño.

3. Los colaboradores autorizados como oficinas recaudadoras que deseen cesar en su colaboración deberán solicitarlo, con una antelación mínima de 30 días al previsto para el cese, al Secretario de Estado de la Seguridad Social, quien resolverá la solicitud en el plazo de tres meses, que se entenderá estimada en defecto de resolución expresa.

4. La resolución del Secretario de Estado de la Seguridad Social que autorice la colaboración, restrinja, suspenda o revoque la autorización concedida o acuerde el cese en la colaboración, además de notificarse al colaborador correspondiente se propagará en el «Boletín Oficial del Estado», surtiendo bienes desde el día primero del mes próximo al de dicha publicación.

Se modifican los apartados 1 y 4 por el art. único.2 del Auténtico Decreto 1621/2011, de 14 de noviembre. Ref. BOE-A-2011-17976 .

Artículo 5. Conciertos de colaboración en la gestión recaudatoria.

Los conciertos que la Tesorería Caudillo de la Seguridad Social pueda celebrar con las Administraciones públicas o con entidades particulares para el progreso de la gestión recaudatoria requerirán la previa autorización, respectivamente, del Servicio de Trabajo y Asuntos Sociales o del Consejo de Ministros, y deberán fijar, como mínimo, las siguientes materias:

a) Determinación de los servicios recaudatorios objeto del concierto, con indicación de los órganos que asumen las funciones de recaudación concertadas.

b) Señalamiento del procedimiento funcionario que ha de observarse en el cumplimiento de las funciones recaudatorias concertadas.

c) Fijación de las compensaciones económicas.

d) Determinación de los plazos y formas de ingreso de lo recaudado en las cuentas de la Tesorería Caudillo de la Seguridad Social.

e) Señalamiento del plazo de vigencia previsto para el concierto y procedimiento para su resolución, en su caso. En todo caso, la habilitación otorgada a las entidades particulares tendrá carácter temporal.

f) Mención expresa de que cualquier modificación legislativa en la regulación de la gestión recaudatoria de los capital de la Seguridad Social que afecte al contenido del concierto después de celebrado podrá dar zona a su revisión o rescisión por resolución de la Tesorería Caudillo de la Seguridad Social, adoptada y publicada en la misma forma que el concierto a que se refiere.

g) Obligación de no utilizar los datos personales objeto de tratamiento automatizado para fines distintos de los recaudatorios encomendados, así como de no cederlos ni comunicarlos a terceros, ileso en los casos que determinan los artículos 36.6 y 66.1 del texto refundido de la Ley Común de la Seguridad Social, y de retornarlos a la Tesorería Militar o destruirlos una vez cumplida la finalidad recaudatoria para la que fueron suministrados, con sujeción a los restantes requisitos previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Avance del procedimiento de recaudación. Normas generales

1. El período voluntario de recaudación se iniciará en la vencimiento de eclosión del plazo reglamentario de ingreso y se prolongará, de no mediar cuota u otra causa de extinción de la deuda, hasta la emisión de la providencia de prisa, con la que se dará inicio al período de recaudación ejecutiva, sin perjuicio de los casos en que resulte de aplicación el procedimiento de deducción.

En los supuestos previstos en este reglamento deberán cumplirse las obligaciones en materia de liquidación de cuotas en la forma y plazos previstos en los artículos 26 del texto refundido de la Ley Genérico de la Seguridad Social y 18 del Reglamento militar sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, consentido por el Efectivo Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, aunque no llegue a cumplimentarse su ingreso adentro de plazo reglamentario.

2. Transcurrido el plazo reglamentario de ingreso sin suscripción de la deuda, se aplicarán los correspondientes recargos y comenzará el devengo de intereses de atraso, sin perjuicio de que estos últimos sólo sean exigibles en el período de recaudación ejecutiva, en los términos establecidos en este reglamento.

3. El procedimiento de recaudación se impulsará de oficio en todos sus trámites y sólo se suspenderá en los términos establecidos en los artículos 129 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en aquellos otros casos en que así se establezca en este reglamento, por ley o en ejecución de ella y en las condiciones y con los posesiones que en ellos se determinen.

4. La terminación del procedimiento recaudatorio establecido en el presente reglamento, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva, se producirá en los casos de anulación o extinción del débito perseguido y en los términos y condiciones que en el mismo se establecen.

5. En aplicación de los principios de economía y aptitud administrativa, podrá no iniciarse el procedimiento recaudatorio cuando el precio de una deuda sea inferior a la cantidad que determine el Ministro de Trabajo e Inmigración como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación represente, y si tal circunstancia sobreviniese en el curso de los procedimientos de premura o de deducción, se pondrá fin a uno u otro en los términos y condiciones que aquél establezca.

Se modifica el apartado 1 por el art. 3.2 del Auténtico Decreto 708/2015, de 24 de julio. Ref. BOE-A-2015-8339 .

Se modifica el apartado 5 por el art. único.1 del Vivo Decreto 897/2009, de 22 de mayo. Ref. BOE-A-2009-9900

Artículo 7. Presunción de justicia.

Los actos de la Tesorería Normal de la Seguridad Social para la determinación y recaudación de la deuda con la Seguridad Social gozan de presunción de rectitud y son inmediatamente ejecutivos.

El cómputo de los plazos establecidos en este reglamento se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Funcionario Común, sin más particularidades que las siguientes:

a) Cuando los plazos reglamentarios para el plazo de las deudas con la Seguridad Social se señalen por días y siempre que no se exprese otra cosa, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y festivos.

b) Cuando tales plazos reglamentarios de ingreso se señalen por días naturales o se fijen por meses o años, si el último día del plazo es inhábil, se entenderá que finaliza el antedicho día hábil del plazo de que se trate.

1. Las notificaciones que se efectúen en los procedimientos recaudatorios regulados en este reglamento ajustarán su contenido y se cursarán conforme a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. La práctica de las notificaciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social se realizará por medios electrónicos o en el domicilio o punto que corresponda, en los siguientes términos:

a) Respecto a los sujetos responsables del plazo de deudas con la Seguridad Social, obligados a incorporarse o incorporados voluntariamente al Sistema de remisión electrónica de datos (RED), todas las notificaciones se efectuarán obligatoriamente mediante comparecencia en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, en los términos y condiciones que establezca el Profesión de Empleo y Seguridad Social.

Estas notificaciones se pondrán a disposición tanto de los sujetos responsables obligados a recibirlas como de los autorizados para el uso del Sistema RED, omitido que los sujetos responsables opten porque las notificaciones electrónicas a ellos dirigidas se pongan exclusivamente a su disposición o también a la de un tercero a quien hayan otorgado su representación.

Las notificaciones electrónicas se entenderán practicadas, a todos los bienes legales, en el momento en que se produzca el paso a su contenido en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, siempre que aquel tenga lado en el interior de los diez días naturales siguientes a la puesta a disposición de la notificación correspondiente.

De rechazarse expresamente la notificación se tendrá por efectuado el trámite, continuándose el procedimiento. La notificación también se entenderá rechazada, con idéntico impresión, de no accederse a su contenido interiormente del plazo indicado en el párrafo precedente.

b) Respecto a los sujetos responsables del plazo de deudas con la Seguridad Social, no obligados a incorporarse ni incorporados voluntariamente al Sistema RED, que opten por ser notificados por medios electrónicos, las notificaciones también se efectuarán obligatoriamente mediante comparecencia en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, conforme a lo indicado en el párrafo a).

A género de percibir las notificaciones electrónicas, estos sujetos responsables podrán optar porque se dirijan también a su representante, si lo hubiera, en cuyo caso estas notificaciones se pondrán a disposición tanto de los sujetos responsables como de sus representantes.

c) Respecto a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, así como a sus entidades y centros mancomunados, las notificaciones en materia de gestión recaudatoria también se practicarán en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, en los términos y con el talento que determine el Servicio de Empleo y Seguridad Social.

d) Respecto a los sujetos responsables a que se refiere el párrafo b) que no opten por ser notificados por medios electrónicos, las notificaciones se efectuarán en el domicilio que expresamente hubiesen indicado y, en su defecto, en el que figure en los registros de la Administración de la Seguridad Social o en otro empleo adecuado para tal fin, practicándose conforme a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Las notificaciones relativas a otros interesados en el procedimiento recaudatorio, previstas en este reglamento, se efectuarán conforme a lo señraudo en el apartado 2.d), indemne que ya se encuentren obligados a recibirlas por medios electrónicos u opten por ser notificados por dichos medios, en cuyo caso resultará de aplicación lo dispuesto en los párrafos a) y b) del apartado 2, sin perjuicio de las excepciones que, en su caso, pueda establecer el Ocupación de Empleo y Seguridad Social.

4. Cuando los interesados en un procedimiento recaudatorio sean desconocidos, se ignore el motivo de la notificación o el medio para efectuarla, o acertadamente, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar en cualquiera de los supuestos previstos en los apartados anteriores, la notificación se realizará exclusivamente por medio de un anuncio que se propagará de forma gratuita en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional quincuagésima.4 del texto refundido de la Ley Militar de la Seguridad Social.

Se modifica por el art. 3.3 del Auténtico Decreto 708/2015, de 24 de julio. Ref. BOE-A-2015-8339 .

Se modifica por el art. único.3 del Existente Decreto 1621/2011, de 14 de noviembre. Ref. BOE-A-2011-17976 .

1. Las deudas con la Seguridad Social cuyo objeto esté constituido por cuotas, cuando no se abonen en el plazo reglamentario de ingreso, devengarán los siguientes recargos:

a) Cuando los sujetos responsables del cuota hubieran cumplido internamente de plazo las obligaciones en materia de liquidación establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 26 del texto refundido de la Ley Universal de la Seguridad Social, un recargo del 20 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas tras el vencimiento del plazo para su ingreso.

b) Cuando los sujetos responsables del cuota no hubieran cumplido adentro de plazo las obligaciones en materia de liquidación establecidas en los apartados 1 y 2 del citado artículo 26:

1.º Recargo del 20 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas antiguamente de la terminación del plazo de ingreso establecido en la reclamación de deuda o memoria de liquidación.

2.º Recargo del 35 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir de la terminación de dicho plazo de ingreso.

2. Las deudas con la Seguridad Social que tengan carácter de ingresos de derecho público y cuyo objeto esté constituido por medios distintos a cuotas, cuando no se abonen en el interior del plazo reglamentario que tengan establecido se incrementarán con el recargo previsto en el apartado 1.a).

3. En ningún caso podrá aplicarse recargo sobre la deuda constituida a su vez por recargos o intereses.

4. Cuando el ingreso fuera del plazo reglamentario sea imputable a error de la Administración, sin que ésta actúe en calidad de patrón, no se aplicará recargo.

5. Los recargos se derretirán e ingresarán conjuntamente con el principal de las deudas sobre las que recaigan. Cualquiera que sea la naturaleza de dichas deudas, las cantidades recaudadas en concepto de recargos se integrarán en su totalidad en el presupuesto de capital de la Tesorería Universal de la Seguridad Social.

Los ingresos del principal de la deuda realizados fuera del plazo reglamentario sin incluir la totalidad o parte del recargo que proceda serán considerados como ingresos a cuenta de la totalidad de la deuda, la cual no se entenderá satisfecha hasta que se produzca el ingreso del coste íntegro, incluidos los recargos.

Sin incautación, cuando en plazo reglamentario se hubiera ingresado exclusivamente la aportación de los trabajadores, conforme a lo establecido en este reglamento, el recargo se aplicará sobre la parte de deuda que resulte impagada después del vencimiento del plazo reglamentario de ingreso.

Se modifican los apartados 1 y 2 por el art. 3.4 del Existente Decreto 708/2015, de 24 de julio. Ref. BOE-A-2015-8339 .

1. El principal de las deudas con la Seguridad Social objeto de gestión recaudatoria devengará intereses de retardo desde el día futuro al del vencimiento del plazo reglamentario de ingreso.

El recargo aplicable a dicho principal devengará intereses de aplazamiento sólo desde el vencimiento del plazo de los 15 días naturales siguientes a la notificación de la providencia de necesidad.

En ningún caso, los intereses de dilación devengados se acumularán al principal o al recargo a pertenencias del cálculo de nuevos intereses.

El devengo de intereses se prolongará hasta el ingreso en la Tesorería Caudillo de la totalidad de lo adeudado, sin que se suspenda, en ningún caso, por la impugnación administrativa o contencioso de cualquier acto del procedimiento.

2. Los intereses de retraso que se hubieran devengado en aplicación del apartado precedente sólo serán exigibles cuando hubiesen transcurrido 15 días naturales desde la notificación de la providencia de apuro o desde la comunicación del inicio del procedimiento de deducción, sin suscripción de la deuda.

También serán exigibles los intereses de aplazamiento cuando se acordase la suspensión del procedimiento oficinista en los trámites del arbitrio contencioso-administrativo que se hubiese interpuesto contra las resoluciones desestimatorias de los capital administrativos presentados contra una reclamación de deuda o relación de liquidación, si no se hubiese abonado el cuantía de la deuda en el plazo fijado en dichas resoluciones desestimatorias.

3. El tipo de interés de retardo será el interés judicial del monises válido en cada momento del período de devengo, incrementado en un 25 por ciento, menos que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente.

4. El cálculo y liquidación de los intereses de atraso exigibles podrá realizarse, según los casos y en los términos que determine el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales:

a) En la plazo de suscripción de la deuda apremiada, cuando éste sea realizado en las condiciones y con los requisitos establecidos en la providencia de acuciamiento.

b) En la plazo de la aplicación del ingreso no realizado en las condiciones a que se refiere el párrafo susodicho o de la aplicación del líquido obtenido de la ejecución forzosa de haberes del apremiado o derivado del procedimiento de deducción.

En los casos previstos en este párrafo b), los intereses exigibles serán los que se hubiesen devengado a la término de aplicación.

c) En cualquier momento en que la tramitación del procedimiento de perentoriedad lo requiera.

En cualquier caso, se podrá efectuar el cálculo por meses naturales, sin considerar fracciones inferiores, así como no exigir cantidades que no superen la cuantía que determine el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

No será necesaria la cuantificación expresa del precio de los intereses de aplazamiento en las notificaciones del procedimiento ejecutor, siempre que se fije en ellas la cuantía de la deuda por principal y recargo y se advierta al interesado el devengo y exigibilidad de intereses conforme a lo dispuesto en el apartado 1.

En caso de extinción provisional o definitiva del crédito de la Seguridad Social, no será preciso efectuar la liquidación regulada en este apartado, sin perjuicio de su cálculo posterior exclusivamente en el supuesto de rehabilitación de la deuda extinguida de forma provisional.

Artículo 12. Responsables de suscripción: normas comunes.

1. Son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar y del plazo de los demás fortuna de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas, o entidades sin personalidad, a las que las normas reguladoras de cada régimen y memorial impongan directamente la obligación de su ingreso y, además, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa de aquéllos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquier norma con rango procesal que se refiera o no excluya expresamente a las obligaciones de Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios a las leyes.

2. Cuando en aplicación de normas específicas de Seguridad Social, laborales, civiles, administrativas o mercantiles, los órganos de recaudación aprecien la concurrencia de un responsable solidario, subsidiario o mortis causa respecto de quien hasta ese momento figurase como responsable, decidirán dicha responsabilidad y exigirán el cuota mediante el procedimiento recaudatorio establecido en este reglamento.

3. En caso de que la responsabilidad por la obligación de cotizar corresponda al patrón podrá dirigirse el procedimiento recaudatorio contra quien efectivamente reciba la prestación de servicios de los trabajadores que emplee, aunque formalmente no figure como patrón en los contratos de trabajo, en los registros públicos o en los archivos de las entidades gestoras y servicios comunes. Si el procedimiento recaudatorio se hubiera dirigido ya contra quien figurase como patrón, las nuevas actuaciones contra el patrón efectivo se seguirán conforme a lo establecido en el artículo subsiguiente, a no ser que se aprecien otras circunstancias que determinen la concurrencia de responsabilidad subsidiaria.

4. Fuera de que las normas legales de aplicación a los concretos supuestos de responsabilidad establezcan otra cosa, no podrán exigirse por responsabilidad solidaria, subsidiaria o mortis causa, las sanciones pecuniarias ni los recargos sobre prestaciones económicas debidas a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales causados por error de medidas de seguridad e higiene en el trabajo incólume, respecto de estos últimos, que exista declaración de responsabilidad de la entidad gestora competente.

5. Sin perjuicio de las especialidades contenidas en la norma específica reguladora de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo previsto en este reglamento para el procedimiento recaudatorio seguido en relación con reclamaciones de deuda por derivación de responsabilidad solidaria, subsidiaria o mortis causa, será de aplicación al que se siga en virtud de actas de liquidación emitidas por derivación de responsabilidad.

1. Cuando concurran hechos, negocios o actos jurídicos que determinen la responsabilidad solidaria de varias personas, físicas o jurídicas o entidades sin personalidad, respecto de deudas con la Seguridad Social, podrá dirigirse reclamación de deuda o memoria de liquidación contra todos o contra cualquiera de ellos. El procedimiento recaudatorio seguido contra un responsable solidario no suspenderá ni impedirá que pueda seguirse contra otro, hasta la total extinción del crédito.

2. Cuando el deudor hubiera cumplido en el interior de plazo las obligaciones en materia de liquidación de cuotas establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 26 del texto refundido de la Ley Común de la Seguridad Social, sin poseer efectuado su ingreso en plazo reglamentario, o cuando ya se hubiese emitido reclamación de deuda o reseña de liquidación contra él, la Tesorería Caudillo de la Seguridad Social sólo podrá exigir dicha deuda a otro responsable solidario mediante reclamación de deuda por derivación, o lo hará, en su caso, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, mediante certificado de liquidación, sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan adoptarse sobre su patrimonio, en cualquier momento, para afirmar el cobro de la deuda.

3. Indemne que la responsabilidad solidaria se halle limitada por ley, la reclamación de deuda por derivación comprenderá el principal de la deuda y los recargos e intereses que se hubieran devengado al momento de su emisión, en el procedimiento recaudatorio seguido contra el primer responsable solidario a quien se hubiera reclamado, o que hubiera cumplido internamente de plazo las obligaciones en materia de liquidación de cuotas. Incluirá, asimismo, las costas que se hubieran generado para el cobro de la deuda.

Desde la reclamación de deuda o el certificado de liquidación por derivación serán exigibles a todos los responsables solidarios el principal, los recargos e intereses que deban exigirse a ese primer responsable, y todas las costas que se generen para el cobro de la deuda.

4. La reclamación de deuda por derivación contendrá todos los extremos exigidos para cualquier reclamación de deuda y, además, la identificación de los responsables solidarios contra los que se sigan actuaciones, y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se manguita la responsabilidad. Previamente a su emisión, se dictará acuerdo de iniciación del expediente que se advertirá al interesado dándole trámite de audiencia por un plazo de 15 días a partir del subsiguiente a la notificación de dicho acuerdo, a fin de que efectúe las alegaciones y presente los documentos y justificantes que estime pertinentes.

El plazo máximo para comunicar la reclamación de deuda por derivación será de seis meses, a contar desde el día ulterior a la término del acuerdo de iniciación.

La emisión de la reclamación de deuda por derivación no requerirá de acuerdo de iniciación previo ni audiencia al interesado cuando se colchoneta en los mismos hechos y fundamentos de derecho que motivaron una previa reclamación de deuda por derivación al mismo responsable; en tal caso, se hará constar dicha circunstancia en la reclamación.

5. La suspensión o terminación del procedimiento recaudatorio seguido contra un responsable solidario suspende o pone fin al procedimiento que se siga contra cada uno de ellos, a no ser que se produzcan con motivo de impugnaciones o revisiones fundadas en causas que sólo concurran en alguno de ellos.

Se modifican los apartados 2 y 3 por el art. 3.5 del Positivo Decreto 708/2015, de 24 de julio. Ref. BOE-A-2015-8339 .

Se modifica el apartado 4 por el art. único.2 del Actual Decreto 897/2009, de 22 de mayo. Ref. BOE-A-2009-9900

Artículo 14. Responsables subsidiarios.

1. Cuando concurran hechos, negocios o actos jurídicos que determinen la responsabilidad subsidiaria de una persona, física o jurídica, o entidad sin personalidad, respecto de deudas con la Seguridad Social líquidas, vencidas y exigibles, una vez constatada la insolvencia del deudor principal, podrá emitirse reclamación de deuda o relación de liquidación contra el responsable subsidiario.

La Tesorería Caudillo de la Seguridad Social, con carácter previo a la emisión de la reclamación de deuda por responsabilidad subsidiaria, dictará acuerdo de iniciación del expediente que se advertirá al interesado dándole trámite de audiencia por un plazo de 15 días a partir del subsiguiente a la notificación de dicho acuerdo, a fin de que efectúe las alegaciones y presente los documentos y justificantes que estime pertinentes.

El plazo máximo para avisar la reclamación de deuda por derivación de responsabilidad subsidiaria será de seis meses, a contar desde el día ulterior a la plazo del acuerdo de iniciación.

La emisión de la reclamación de deuda por derivación de responsabilidad subsidiaria no requerirá de acuerdo de iniciación previo ni de audiencia al interesado cuando se pulvínulo en los mismos hechos y fundamentos de derecho que motivaron una previa reclamación de deuda por derivación al mismo responsable; en tal caso, se hará constar dicha circunstancia en la reclamación.

2. Ileso que la responsabilidad se halle limitada por ley, la reclamación de deuda frente al responsable subsidiario comprenderá la totalidad de la deuda exigible al deudor principal en el momento de su emisión, excluidos recargos, intereses y costas, y contendrá, además de todos los extremos exigidos para cualquier reclamación de deuda, la identificación del deudor principal y la manifestación de su insolvencia con narración, en su caso, al acto en que se hubiera notorio, la expresión de la naturaleza de la deuda, los trabajadores y períodos a que ésta se refiera y los hechos y fundamentos de la responsabilidad subsidiaria.

3. La constatación de la insuficiencia de posesiones del deudor principal en el procedimiento recaudatorio seguido contra él, la declaración de insolvencia efectuada en otro procedimiento oficial o legislativo y la declaración de concurso en el que se haya producido la transigencia de la período de liquidación serán circunstancias suficientes para la consideración del deudor principal como insolvente a mercancía de exigir el cuota de la deuda al responsable subsidiario.

4. La alegación por el responsable subsidiario de la existencia de beneficios realizables del deudor principal no producirá más objetivo, en su caso, que la suspensión de la ejecución forzosa sobre el patrimonio de aquél, hasta tanto se realicen dichos posesiones.

Para conciliar esta suspensión se requerirá, con carácter militar, que no se hubiera competente ya la enajenación de los ingresos del responsable subsidiario, y que los fondos señalados por éste se identifiquen suficientemente para proceder a su traba, radiquen en circunscripción doméstico y alcancen una valoración que, en relación con la deuda y descontadas las cargas, justifique su enajenación forzosa.

Se modifican los apartados 1 y 2 por el art. único.4 del Positivo Decreto 1621/2011, de 14 de noviembre. Ref. BOE-A-2011-17976 .

1. Los herederos del responsable del cuota de la deuda a la Seguridad Social, desde la aceptación expresa o tácita de la herencia, replicarán solidariamente entre sí de su plazo con los riqueza de la herencia y con su propio patrimonio, exceptuado que la aceptasen a beneficio de inventario; en tal caso, solo replicarán con los fortuna de la herencia que les hayan sido adjudicados. En cuanto al zona de influencia de la responsabilidad del legatario, se estará a lo dispuesto en la legislación civil.

2. Constatado el fallecimiento del deudor, los trámites de ejecución forzosa de los intereses que hubieran sido ya trabados antaño de dicho fallecimiento se seguirán con quien ostente la representación o administración de la herencia tendido, o con los sucesores mortis causa. Para proceder contra haberes que no hubieran sido ya embargados, será preciso dirigir reclamación administrativa de deuda por derivación al sucesor mortis causa, siguiéndose en lo consecutivo los trámites ordinarios del procedimiento recaudatorio. Si el heredero acreditase favor hecho uso del derecho a deliberar, se estará al resultado de dicha deliberación, y se dejará sin impacto la reclamación que pudiera haberse emitido contra él si renunciase a la herencia.

3. La reclamación de deuda por derivación comprenderá el principal de la deuda y los recargos, intereses y costas que se hubieran devengado hasta el momento de su emisión en el procedimiento recaudatorio seguido contra el causante de la herencia. Desde la reclamación de deuda por derivación serán exigibles a todos los sucesores los intereses devengados desde el impago por el causante, si fueran exigibles para éste o cuando lo sean para cualquiera de los sucesores, y todas las costas que se generen para el cobro de la deuda.

4. Tan pronto resulte acreditado que no existen herederos conocidos o los conocidos renuncien a la herencia o no la acepten, el procedimiento para la efectividad de los débitos se permanecerá contra los ingresos de la herencia, sin perjuicio de poner los hechos sin dilación en conocimiento de los órganos competentes de la Hacienda pública a los posesiones legales que procedan.

Artículo 16. Domicilio del responsable de suscripción.

1. A todos los género de la gestión recaudatoria, menos que para algunos de ellos se señale expresamente otro dispar, se considerará domicilio de los sujetos responsables del plazo el futuro:

a) Para los empresarios, aquel en que radique la efectiva gestión administrativa y dirección de la explotación, industria o negocio de la empresa, que deberá, asimismo figurar en su solicitud de inscripción en la Seguridad Social, en la que se podrá hacer constar, además, un circunstancia dispar a posesiones de notificaciones.

b) Para los trabajadores, el indicado en la solicitud de reincorporación en el régimen de Seguridad Social que corresponda, en la que asimismo podrá designar un ocupación desigual para notificaciones.

c) En caso de desliz de solicitud de inscripción o de entrada o de descuido de constancia en ella del domicilio, se considera como tal:

1.º Para las personas naturales, el de su residencia habitual.

2.º Para las personas jurídicas domiciliadas en España, el de su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al oportunidad en que radiquen dichas gestión y dirección.

3.º Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero que desarrollen actividades en España tendrán su domicilio, a los pertenencias indicados, en el lado que radique la efectiva gestión administrativa y la dirección de sus negocios.

2. Los sujetos responsables que residan en el extranjero durante más de seis meses de cada año natural vendrán obligados a designar un representante con domicilio en región español, a los existencias de sus relaciones con la Tesorería Caudillo de la Seguridad Social.

3. Las variaciones de los domicilios, declarados o designados conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, serán comunicadas a la dirección provincial o administración de la Tesorería Normal de la Seguridad Social a la que corresponda la gestión de la empresa o haya público el suscripción del trabajador, o, en su caso, a la dispositivo administrativa que realizara el acto recaudatorio de que se trate.

Cuando los sujetos obligados y demás responsables del suscripción no hubieran comunicado el cambio de domicilio a dicha dirección provincial o administración, éstas podrán modificarlo de oficio en los casos en que se compruebe que el domicilio efectivo es dispar del anteriormente notorio o asignado.

Sección 1.ª Requisitos para el suscripción

Artículo 17. Legitimación para el suscripción.

Están legitimados para el plazo de las deudas a la Seguridad Social objeto de la gestión recaudatoria los sujetos responsables del suscripción de aquéllas, los administradores de intereses o negocios intervenidos o administrados judicialmente y, en militar, cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore el responsable del suscripción.

En ningún caso, el tercero que pague la deuda estará legitimado para el deporte, en presencia de la Administración de la Seguridad Social, de los derechos que correspondan al responsable del suscripción, sin perjuicio de las acciones de repetición que sean procedentes según el derecho privado.

Artículo 18. Legitimación para el cobro.

1. El cuota de las deudas objeto de gestión recaudatoria de la Seguridad Social deberá practicarse directamente a los órganos de recaudación de la Tesorería Común de la Seguridad Social o a través de los colaboradores autorizados o habilitados conforme a lo dispuesto en este reglamento, y en uno y otro casos producirá los mismos enseres.

2. Los pagos realizados a órganos o personas no legitimadas para recibirlos no liberarán en ningún caso al deudor de su obligación de cuota, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden en que incurra el perceptor no competente.

La Administración de la Seguridad Social no contraerá responsabilidad alguna en los casos de usurpación de la función recaudatoria.

Artículo 19. Integridad y enseres del suscripción.

1. Para que el cuota produzca los posesiones extintivos que le son propios ha de ser por la totalidad de la deuda.

La integridad del cuota no obsta a la posibilidad de las compensaciones y deducciones procedentes, en los términos establecidos en este reglamento, ni al ingreso separado de las aportaciones de los trabajadores retenidas por el patrón en los términos que establezca el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, pero no se entenderá extinguida la deuda hasta que el plazo radio la totalidad de esta.

2. Incólume lo previsto en este reglamento a mercadería del aplazamiento y fraccionamiento del plazo y de la compensación, las cuotas correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no podrán ingresarse separadas de las cuotas por contingencias comunes y de los conceptos de recaudación conjunta.

3. En vía ejecutiva, la integridad del suscripción no será obstáculo para que se apliquen al cuota de la deuda las cantidades parciales entregadas por el deudor y aquellas que se obtuvieran por el secuestro y la realización sucesiva del valencia de los riqueza embargados del ejecutado, en los términos previstos en este reglamento.

4. El suscripción realizado extingue la deuda correspondiente y libera a los responsables, siempre que se realice con los requisitos exigidos en este reglamento.

Artículo 20. Plazo por consignación.

Cuando el órgano de recaudación rechace indebidamente el plazo ofrecido o no pueda admitirlo por causa de fuerza maduro, el responsable de suscripción podrá proceder a su consignación a disposición de la Tesorería Universal de la Seguridad Social. En tal caso, una vez se acuerde la procedencia del plazo o superada la causa de fuerza maduro, se aplicará la consignación efectuada al suscripción de la deuda, y retrotraerá sus género a la aniversario en que se formalizó dicha consignación.

1. El suscripción de las deudas a la Seguridad Social deberá realizarse en efectivo, mediante hacienda de curso admitido, cheque, transferencia o domiciliación bancaria, así como cualquier otro medio de cuota competente por la Tesorería Militar de la Seguridad Social.

2. El cuota deberá consumarse con arreglo al procedimiento de ingreso que determine la Tesorería Normal de la Seguridad Social en función del tipo de deuda y período de recaudación a que se refiera.

3. El plazo en patrimonio de curso permitido se realizará, en todo caso, a través de las entidades colaboradoras autorizadas o habilitadas al impresión.

1. Además de los requisitos generales exigidos por su legislación específica, los cheques que se expidan para el suscripción de las deudas con la Seguridad Social deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser nominativos a crédito de la Tesorería Militar de la Seguridad Social y cruzados a la entidad financiera en que tenga su cuenta debidamente autorizada el órgano recolector o el colaborador.

b) Ser librados contra entidades financieras o de crédito debidamente autorizadas e inscritas en el registro correspondiente y situadas en zona franquista.

c) Estar fechados en el mismo día o, a lo sumo, en los dos anteriores a aquel en que se efectúe su entrega.

d) Estar conformados, visados o certificados por la entidad librada, que deberá retener el valía consignado para el cuota del cheque a su presentación hasta un plazo, como mínimo, de 30 días posteriores a la aniversario de su emisión.

e) Indicar el nombre o razón social del librador y, según proceda, su núsimple o código de identificación fiscal, que se expresarán debajo de la firma con toda claridad. Cuando se extienda por representante, además de los datos anteriores, figurará en la antefirma el nombre completo del titular de la cuenta corriente.

2. Cuando un cheque válidamente conformado o certificado no fuera hecho efectivo en todo o en parte, la cuantía impagada le será exigida a la entidad que lo conformó o certificó.

1. El cuota de las deudas con la Seguridad Social podrá cumplirse mediante transferencia bancaria.

2. Los mandatos de transferencia podrán cursarse a través de faja o banquero inscrito en el correspondiente registro oficial, caja de ahorros, entidad financiera o instituciones de crédito o de depósito, para el pago de su coste en las cuentas de la Tesorería Normal de la Seguridad Social abiertas en las entidades financieras.

3. El mandato de transferencia habrá de expresar el concepto concreto a que el ingreso corresponda y contener el pertinente detalle cuando el ingreso se refiera y haya de aplicarse a varios conceptos, así como, en su caso, el código de cuenta de cotización del sujeto responsable del suscripción.

4. Simultáneamente al mandato de transferencia, el deudor cursará al órgano colaborador los documentos cuya presentación esté establecida, y expresará en ellos la aniversario de la transferencia, su cuantía y la entidad financiera utilizada para la operación.

5. El plazo efectuado mediante transferencia bancaria se entenderá realizado en la época en que los fondos tengan entrada en la entidad financiera a que se transfieren.

Las solicitudes para que la Tesorería Normal de la Seguridad Social autorice la utilización de medios de plazo distintos al efectivo de curso legítimo, el cheque o la transferencia deberán ser resueltas en el plazo de tres meses contados a partir del día en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros de aquélla. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera dictado resolución, la solicitud se entenderá desestimada.

Sección 3.ª Justificantes y certificaciones de plazo

Artículo 25. Justificantes de cuota y deber de información de los empresarios.

1. El que efectúe un cuota a la Seguridad Social conforme a lo dispuesto en este reglamento tendrá derecho a que se le entregue un justificante del suscripción realizado.

2.  Los justificantes del plazo serán, según los casos:

a) Los recibos de liquidación de cotizaciones y otros documentos de ingreso de deudas con la Seguridad Social, debidamente diligenciados y validados por los colaboradores en la gestión recaudatoria.

b) Los recibos expedidos por los órganos recaudadores o por los colaboradores en la gestión recaudatoria.

c) Las certificaciones acreditativas del ingreso efectuado.

d) Cualquier otro documento al que específicamente se otorgue carácter de justificante de plazo por el Director Universal de la Tesorería Caudillo de la Seguridad Social.

3. Los empresarios y demás sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar deberán conservar copia de los justificantes de cuota durante un plazo de cuatro años. Cuando la liquidación de cuotas no se efectúe a través de medios electrónicos también deberán conservar, durante el mismo plazo, copia de los documentos de cotización presentados.

4. Los empresarios deberán informar a los interesados, en el interior del mes futuro a aquel en que proceda el ingreso de las cuotas, de los datos relativos a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.

Cuando tales datos se transmitan u obtengan por medios electrónicos, la obligación de informar se considerará cumplida mediante la colocación o puesta a disposición de los trabajadores, a través de la presentación en pantalla de ordenador o terminal informático, de los datos de sus archivos que, a tales pertenencias, serán considerados copia autorizada de las relaciones nominales de trabajadores, de los recibos de liquidación y, en su caso, de otros justificantes que acrediten el ingreso de las cuotas.

En los demás casos, los empresarios deberán exponer, en los centros de trabajo y durante el período indicado en el primer párrafo de este apartado, un ejemplar de la relación nominativo de trabajadores y del respectivo boletín de cotización, diligenciado y validado por el colaborador que corresponda en la gestión recaudatoria, o copia autorizada de los dos. Esta obligación podrá sustituirse poniendo de manifiesto dicha documentación a los representantes de los trabajadores durante el mismo período.»

5. Los justificantes de cuota expedidos por los colaboradores en la gestión recaudatoria surtirán para los responsables del plazo los mismos enseres que si el ingreso se hubiera realizado en la Tesorería Universal de la Seguridad Social y, en consecuencia, decidirán liberados para con ésta, en la data de ingreso consignada en los justificantes, por el coste que figure en ellos.

La posesión por los sujetos responsables del cuota de los justificantes de éste expedidos por los colaboradores determinará la presunción de ingreso en la entidad, órgano o agente que expidió el justificante de cuota.

6. El colaborador que recibiera el suscripción objetará de este desde la aniversario de ingreso consignada en los justificantes de cuota y por el valía que figura en éstos, y resultará responsable de los perjuicios causados en los términos que establezca la autorización o convenio de colaboración.

Se modifican los apartados 2, 3 y 4 por el art. 3.6 del Positivo Decreto 708/2015, de 24 de julio. Ref. BOE-A-2015-8339 .

Artículo 26. Requisitos formales de los justificantes de plazo.

1. Todo justificante de cuota deberá indicar, como mínimo, las siguientes circunstancias:

a) Datos identificativos del sujeto responsable de cuota.

b) Concepto, precio y período a que se refiere el ingreso.

d) Órgano cobrador o colaborador que lo expide.

Cuando el justificante de cuota se extienda por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, estas circunstancias, atendiendo a los datos que figuran en el documento de plazo, podrán expresarse mediante código o iniciales suficientemente identificadoras, en su conjunto, del sujeto obligado y de la deuda a que se refieran.

2. El deudor a quien se haya expedido el correspondiente justificante de cuota podrá solicitar de la Tesorería Común de la Seguridad Social, y ésta deberá expedir, certificación acreditativa del suscripción efectuado.

Artículo 27. Vigencia y ejecución de garantías.

1. Cuando la ley o este reglamento atribuyan algún objetivo a la constitución de garantías de plazo de la deuda de Seguridad Social objeto de gestión recaudatoria, no se albergarán como tales las que no puedan ejecutarse hasta, al menos, los seis meses siguientes al momento en que concurra la causa establecida para su ejecución.

2. Las garantías sólo concluirán liberadas una vez comprobado el suscripción total de la deuda, incluidos recargos e intereses y costas, en su caso, a que se extienda la garantía de que se trate, o cuando se extinga, por cualquier causa, la obligación del deudor en cuyo merced se hubiera constituido.

Si a consecuencia de resolución administrativa o contencioso firmes se declarase parcialmente improcedente la deuda objeto de la garantía, quien la hubiera constituido tendrá derecho a su reducción proporcional. La Tesorería Caudillo de la Seguridad Social sobrellevará a final las actuaciones precisas para dicha reducción, en aplicación de la norma reguladora del tipo de garantía de que se trate, y siempre que no resulte perjudicado el aseguramiento del crédito subsistente.

En cualquier otro caso, para la liberación parcial de garantías, se estará a lo que en su caso se prevea en la resolución administrativa en cuya atención se hayan constituido, y, en su defecto, a lo dispuesto en la legislación aplicable a la garantía de que se trate.

3. La sustitución de la garantía inicialmente constituida sólo se convenirá cuando concurran causas extraordinarias que la justifiquen, y siempre que no resulte perjudicado el aseguramiento del crédito objeto de la garantía.

4. En caso de incumplimiento de las obligaciones garantizadas, los órganos de recaudación procederán a la ejecución de la garantía conforme a los trámites previstos en el título III.

1. En cualquier caso en que la ley o este reglamento atribuyan enseres a la constitución de garantías, se hospedará como tal el aval solidario formalizado por entidades financieras de depósito o de crédito inscritas en el Registro de bancos y banqueros o de cooperativas de crédito legalmente autorizadas para dicha actividad en el zona español, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división, y que deberá inscribirse en el Registro exclusivo de avales. Si la norma de aplicación exigiera la constitución de aval, se entenderá que se refiere al que reúna dichos requisitos.

2. Cuando no resulte posible, por causa justificada, la constitución del aval a que se refiere el apartado preliminar, y siempre que la norma de aplicación lo permita, podrán admitirse otros medios de garantía, como la hipoteca inmobiliaria, hipoteca mobiliaria, prenda con o sin desplazamiento de la posesión, seguro de caución de compañías de seguros autorizadas para actuar en el ramo correspondiente, aval, fianza personal o cualquier otra que se estime suficiente. Asimismo, y para los casos en los que la deuda este sometida a procedimiento de acuciamiento, podrá admitirse como garantía la anotación preventiva de requisa en registro público de fortuna de valencia suficiente para cubrir el valor de la deuda.

Estas garantías se constituirán y regirán conforme a las normas civiles, mercantiles o administrativas que les sean aplicables. Cuando la legislación aplicable a la garantía de que se trate prevea la aceptación o cancelación mediante documento público, se soportarán a mango mediante documento chupatintas emitido por el órgano competente para dictar la resolución a que se vincule, en su caso, la garantía.

Se podrá presentar aval genérico en concepto de garantía peculiar para objetar del cuota de todas y cada una de las deudas presentes y futuras que mantenga el sujeto responsable con la Tesorería Militar de la Seguridad Social.

La constitución del aval genérico no suspenderá el procedimiento recaudatorio iniciado o que pudiera iniciarse y determinará que se considere al sujeto responsable al corriente respecto de sus obligaciones de plazo con la Seguridad Social, mientras que el cuantía avalado garantice suficientemente la deuda que pudiera generarse.

Artículo 30. Reembolso del coste de las garantías.

Cuando se hayan aportado garantías para suspender el procedimiento de recaudación de la deuda con la Seguridad Social, y ésta sea declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa firmes, la Tesorería Caudillo de la Seguridad Social reembolsará el coste de dichas garantías y, en su caso, el interés admitido de las cantidades depositadas o consignadas desde la término del depósito o la consignación, hasta los 30 días siguientes a la notificación al interesado de la resolución o sentencia que declare la improcedencia de la deuda.

Cuando la deuda sea declarada parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste de las referidas garantías e intereses, en su caso.

La Tesorería Universal realizará los citados reembolsos previa acreditación de su valor y por el procedimiento previsto para la devolución de ingresos indebidos.

1. Los órganos de la Tesorería Caudillo de la Seguridad Social, conforme al reparto de competencias que lleve a angla su Director Universal, podrán conceder aplazamientos para el cuota de deudas con la Seguridad Social, a solicitud de los sujetos responsables del cuota, cuando la situación económico-financiera y demás circunstancias concurrentes, discrecionalmente apreciadas por el órgano competente para resolver, les impida efectuar el ingreso de sus débitos en los plazos y términos establecidos con carácter universal en este reglamento.

2. La duración total del aplazamiento no podrá exceder de cinco años. No obstante, cuando concurran causas de carácter extraordinario debidamente acreditadas, el órgano competente podrá elevar al Director Común de la Tesorería Común de la Seguridad Social propuesta benévolo para la concesión de otro período superior, dictándose por este último, en su caso, la correspondiente resolución.

3. La concesión del aplazamiento, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en este reglamento y en la resolución que lo conceda, dará emplazamiento, en relación con las deudas aplazadas, a la suspensión del procedimiento recaudatorio y a que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social en orden a la obtención de subvenciones y bonificaciones, la exención de responsabilidad por nuevas prestaciones de la Seguridad Social causadas durante aquél, la contratación administrativa y a cualquier otro impacto previsto por ley o en ejecución de ella.

Artículo 32. Deudas con la Seguridad Social susceptibles de aplazamiento.

1. Podrá ser objeto de aplazamiento cualquier deuda de Seguridad Social objeto de gestión recaudatoria, excepto las cuotas correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y la aportación de los trabajadores correspondiente a las cuotas aplazadas, cuando se refieran a trabajadores por cuenta ajena o asimilados, incluidos en el campo de aplicación de regímenes del sistema de la Seguridad Social que prevean tales aportaciones. El ingreso de dichas cuotas deberá cumplirse, si no estuviera ya realizado con antelación, en el plazo de un mes desde la plazo de notificación de la resolución por la que se conceda el aplazamiento.

2. Sólo en el caso de que el aplazamiento se garantice íntegramente con aval podrán ser objeto de aplazamiento las cantidades adeudadas en concepto de recargo sobre prestaciones económicas debidas a desnivel de trabajo o enfermedad profesional originado por errata de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

3. El aplazamiento deberá incluir la totalidad de las deudas aplazables en el momento de la solicitud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, incluidos los recargos e intereses y costas exigibles a dicho momento, sin que a partir de su concesión puedan considerarse exigibles otros recargos, intereses y costas sobre la deuda aplazada, a excepto de lo que se dispone para caso de incumplimiento.

4. El plazo efectuado en concepto de cuotas inaplazables, en cumplimiento de la resolución de concesión de aplazamiento, se imputará a éstas. El resto de los pagos del aplazamiento se imputará según las condiciones de amortización establecidas en la resolución que lo autorice.

1. El cumplimiento del aplazamiento deberá comprobar mediante garantía suficiente para cubrir el valor principal de la deuda, recargos, intereses y costas, omitido las excepciones previstas en este reglamento.

2. El aplazamiento se considerará incumplido si las garantías que establezca la resolución de concesión no se constituyen en el plazo de los 30 días naturales siguientes al de su notificación, ileso que ésta determine un plazo superior, que no podrá exceder de seis meses. Durante el plazo establecido para la constitución de garantías, la resolución de concesión surtirá los enseres que le son propios.

3. Durante la vigencia del aplazamiento, a solicitud del interesado, el órgano que lo hubiese concedido podrá autorizar la sustitución de las garantías inicialmente constituidas por otras distintas, siempre que la deuda irresoluto de plazo se halle en todo momento suficientemente garantizada.

4. No será necesaria la constitución de garantías, sin perjuicio de que se mantengan como tales los embargos que hubieran podido trabarse para la ejecución de la deuda, en los siguientes supuestos:

a) Cuando el solicitante sea la Administración Caudillo del Estado, una comunidad autónoma, una entidad de la Administración recinto u organismos o entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculados o dependientes de cualquiera de tales Administraciones, siempre que no actúen en el tráfico jurídico bajo forma societaria mercantil.

b) Cuando el total de la deuda aplazable sea igual o inferior a 30.000 euros, o cuando, siendo la deuda aplazable inferior a 90.000 euros, se acuerde que se ingrese al menos un tercio de esta última antaño de que hayan transcurrido 10 días desde la notificación de la concesión y el resto en los dos años siguientes. Estas cantidades podrán ser modificadas por resolución del Director Normal de la Tesorería Caudillo de la Seguridad Social.

c) Cuando se trate de deuda correspondiente a prestaciones indebidamente percibidas que no hubieran sido satisfechas adentro del plazo o de los plazos reglamentarios fijados al impresión, siempre que el sujeto responsable de su reintegro mantenga su condición de pensionista de la Seguridad Social.

d) En los aplazamientos en que, por concurrir causas de carácter extraordinario que así lo aconsejen, el Secretario de Estado de la Seguridad Social autorice expresamente la exención de garantías, previa propuesta inclinado del Director Genérico de la Tesorería Caudillo de la Seguridad Social.

credito hasta 6000

Redactado el apartado 4.b) conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 229, de 22 de septiembre de 2004. Ref. BOE-A-2004-16443

La concesión de aplazamiento dará oportunidad al devengo de interés, que será exigible desde su concesión hasta la término de cuota, conforme al tipo de interés constitucional del caudal que se encuentre válido en cada momento durante el período de duración del aplazamiento.

Se aplicará, en cambio, el interés de dilación en aquellos aplazamientos en los que se haya eximido al sujeto responsable de cuota de la obligación de constituir garantías por causas de carácter extraordinario.

En todo caso, el interés que corresponda será aplicable sobre el principal de la deuda, los recargos procedentes sobre ella y las costas del procedimiento que fueran objeto de aplazamiento.

1. La solicitud de aplazamiento contendrá necesariamente los datos precisos para la identificación del deudor y de la deuda, con expresión de los motivos que la originan, del plazo y vencimientos que se solicitan y del espacio o medio escogido a mercadería de notificaciones. Contendrá también, en su caso, el ofrecimiento de garantías por el titular de los derechos que vayan a apoyar el cumplimiento, con justificación de su suficiencia.

2. La Tesorería Universal de la Seguridad Social podrá lograr del solicitante cuanta documentación considere necesaria para acreditar la situación económico-financiera y demás circunstancias que hubieran sido alegadas en la solicitud y, en genérico, cuantos informes y actuaciones estime convenientes para adoptar la resolución.

3. Si la solicitud de aplazamiento no reuniese los requisitos exigidos o no se aportasen con ella los documentos establecidos, o se apreciasen en ella defectos u omisiones, se requerirá al solicitante para que subsane la yerro o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de 10 días, con indicación de que en caso contrario se dictará resolución teniéndole por desistido de su solicitud.

4. La resolución por la que se resuelva la solicitud de aplazamiento deberá ser dictada en el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la plazo de entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud. En dicha resolución deberá indicarse la cuantía total y el período de la deuda aplazada, la duración y vencimientos del aplazamiento, así como los plazos para la constitución de las garantías y cumplimiento de las demás condiciones que se establezcan, extremos que, en atención a las circunstancias concurrentes, podrán diferenciarse de los solicitados.

5. La mera solicitud de aplazamiento no suspende el procedimiento recaudatorio. Denegada dicha solicitud, se aplicará a la deuda objeto de esta el recargo que proceda según las normas generales establecidas en la ley y en este reglamento.

6. En normal, dará circunstancia a la denegación de la solicitud de aplazamiento la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el solicitante haya incurrido en reiterados incumplimientos de aplazamientos anteriormente concedidos.

b) Que, al momento de la solicitud, hubiera sido ya autorizada la enajenación de fondos embargados.

c) Que el precio de la deuda aplazable no supere el doble del salario mínimo interprofesional mensual vivo al momento de la solicitud.

Se modifica el apartado 1 por el art. único.5 del Auténtico Decreto 1621/2011, de 14 de noviembre. Ref. BOE-A-2011-17976 .

Redactado el apartado 5 conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 229, de 22 de septiembre de 2004. Ref. BOE-A-2004-16443

1. En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones o pagos del aplazamiento se reanudará, sin más trámite, el procedimiento de apresuramiento que se hubiera iniciado ayer de su concesión. Se dictará asimismo, sin más trámite, providencia de prisa por aquella deuda que no hubiera sido ya apremiada, a la que se aplicará el recargo del 20 por ciento del principal, si el sujeto responsable del plazo hubiera cumplido interiormente de plazo las obligaciones en materia de liquidación de cuotas establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 26 del texto refundido de la Ley Normal de la Seguridad Social, o del 35 por ciento en caso contrario.

En dicho procedimiento de prisa los órganos de recaudación procederán en primer sitio a ejecutar las garantías que se hubieran constituido.

En todo caso, los intereses de atraso que se exijan serán los devengados desde el vencimiento de los respectivos plazos reglamentarios de ingreso.

2. Se considerará incumplido el aplazamiento en el momento en que el beneficiario deje de mantenerse al corriente en el plazo de sus obligaciones con la Seguridad Social, con posterioridad a su concesión.

Se modifica el apartado 1 por el art. 3.7 del Auténtico Decreto 708/2015, de 24 de julio. Ref. BOE-A-2015-8339 .

Cuando concurran circunstancias excepcionales que afecten a un determinado sector de actividad o ámbito geográfico, que dificulten el cumplimiento de la obligación de cotizar, el Gobierno, por positivo decreto, podrá autorizar genéricamente a los responsables de plazo afectados a realizar el ingreso de las cuotas en plazos o condiciones distintas a los previstos en este reglamento o autorizadas en su aplicación.

Estas moratorias se regularán por las disposiciones contenidas en el existente decreto que las establezca y, en lo no previsto en ellas, por lo dispuesto en este reglamento y en sus normas de avance.

El incumplimiento de las condiciones de la moratoria determinará la resolución de ésta y dará sitio a la reclamación de la deuda irresoluto por la Tesorería Genérico de la Seguridad Social, con los recargos e intereses que procedan conforme al procedimiento burócrata de recaudación en período voluntario y en vía de apresuramiento establecido en este reglamento.

Artículo 38. Transacción y arbitraje.

No se podrá transigir sumarial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Seguridad Social ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de estos sino mediante vivo decreto determinado en Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado, fuera de lo previsto en el artículo 24 del texto refundido de la Ley Caudillo de la Seguridad Social y en este reglamento para los acuerdos y convenios concursales.

Procedimiento de deducción a entidades públicas

Artículo 39. Procedencia e inicio de la deducción.

1. Si el deudor fuese una Administración pública, organismo autógnomo, entidad pública empresarial o, en universal, cualquier entidad de derecho público, transcurrido el plazo reglamentario de ingreso y una vez adquiera firmeza en vía administrativa la reclamación de deuda o el memoria de liquidación, en los casos en que éstas procedan, sin que se haya satisfecho la deuda, la Tesorería Normal de la Seguridad Social iniciará el procedimiento de deducción sobre las cantidades que, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, deban transferirse a la entidad deudora.

La Tesorería Militar de la Seguridad Social destapará el trámite de audiencia previa a la Administración o entidad pública deudora, concediéndole un plazo de 15 días para alegar y presentar los documentos que se estimen oportunos, mediante notificación en que se identificará la naturaleza, origen y cuantía de la deuda afectada.

En consideración a las alegaciones que, en su caso, se hayan efectuado y demás circunstancias concurrentes, la Tesorería Caudillo de la Seguridad Social dictará resolución que acuerde la improcedencia de las actuaciones o la retención a valimiento de la Seguridad Social en la cuantía que corresponda por principal, recargo e intereses, y continuará de este modo el procedimiento de deducción.

2. En los casos en que la ley prevea que una entidad de derecho público pueda ostentar la titularidad de beneficios embargables, transcurrido el plazo reglamentario de ingreso y una vez adquiera firmeza en vía administrativa la reclamación de deuda o el certificado de liquidación, en los casos en que éstas procedan, sin que se haya satisfecho la deuda, se dictará providencia de prisa contra ella, según las normas generales establecidas en este reglamento.

Transcurrido el plazo de impugnación de la providencia de perentoriedad sin que haya sido presentado petición, o desestimado el que se hubiera interpuesto, la Tesorería Militar de la Seguridad Social dictará, sin más trámite, el acuerdo de retención a que se refiere el apartado antedicho. Sin perjuicio de la prosecución, en todo caso, de dicho procedimiento de deducción, la Tesorería Genérico de la Seguridad Social continuará el procedimiento de apresuramiento sobre los posesiones embargables de la entidad de derecho público deudora hasta el total cobro de la deuda.

Artículo 40. Aplicación y artículos de la deducción.

En cualquier caso, el acuerdo de retención fijará expresamente el momento en que ésta deba practicarse, que deberá ser posterior al menos en tres meses a la vencimiento de notificación de dicho acuerdo.

El acuerdo de retención se advertirá al ordenador de pagos competente, a fin de que aplique la deducción a las transferencias que deban producirse a la Administración o entidad de derecho público deudora, con sujeción a los límites legales que pudieran establecerse, y proceda al ingreso de los fondos correspondientes a ayuda de la Tesorería Universal de la Seguridad Social.

La deuda objeto del procedimiento de deducción salirá extinguida desde que se practique la retención. La aplicación y consiguiente extinción de la deuda por el cuantía chapón será notificada a la Administración o entidad de derecho público sometida al procedimiento de deducción.

Artículo 41. Deducción distinto a comunidad autónoma.

Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter caudillo en los artículos anteriores, si el deudor fuera una comunidad autónoma o entidad de derecho público de ella dependiente, y tratándose de deudas líquidas, vencidas y exigibles, la Tesorería Universal de la Seguridad Social podrá resolver la deducción de la participación en la recaudación líquida de los tributos cedidos y gestionados por el Estado y de las entregas del Fondo de suficiencia de las comunidades autónomas.

Dicho acuerdo será notificado al Tarea de Economía y Hacienda, que lo aplicará practicando la deducción en las entregas a cuenta que, por tales conceptos, le correspondan al empresa deudor.

La resolución en que se declare la extinción total o parcial de la deuda producirá sus mercadería desde el momento en que se practique la retención y por la cuantía acordada.

Artículo 42. Plazo de prescripción.

1. La obligación de suscripción de las cuotas de la Seguridad Social y de los conceptos de recaudación conjunta, así como de los recargos sobre unos y otras, prescribirá a los cuatro años, a contar desde la momento en que finalice el plazo reglamentario de ingreso de aquéllas.

2. La obligación de reintegro del coste de las prestaciones indebidamente percibidas prescribirá a los cuatro años, contados a partir de la data de su cobro o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución, con independencia de la causa que originó la percepción indebida, incluidos los supuestos de revisión de las prestaciones por error imputable a la entidad gestora.

3. La obligación de suscripción de otros fortuna de la Seguridad Social prescribirá en los plazos establecidos en las normas que los regulen o en las que resulten de aplicación atendiendo a la naturaleza del arbitrio de que se trate.

4. La prescripción se resolverá de oficio, sin pobreza de que la invoque o excepcione el responsable de cuota, en cualquier momento del procedimiento recaudatorio.

Artículo 43. Interrupción, extensión y género de la prescripción.

1. El plazo de prescripción convenirá interrumpido por las causas ordinarias y, en todo caso, por las siguientes:

a) Por cualquier actuación del responsable de plazo conducente al agradecimiento o extinción de la deuda.

b) Por cualquier acción de la Tesorería Genérico de la Seguridad Social o de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizada con conocimiento formal del responsable del suscripción conducente al agradecimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento, liquidación y recaudación de todos o parte de los nociones de la obligación con la Seguridad Social.

c) Por la interposición de memorial o impugnación administrativa o contencioso; en tal caso, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción a partir de la data en que se dicte la resolución o sentencia firmes que los resuelvan. Cuando éstas declaren la inútil de pleno derecho del acto impugnado, se considerará no interrumpido el plazo de prescripción por esta causa.

d) Por solicitud de una prestación económica de la Seguridad Social en los supuestos en que permitido o reglamentariamente esté prevista la posibilidad de advertir al interesado de que ha de ponerse al corriente en el suscripción de sus cuotas en orden al inspección de aquélla.

2. Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo responsable de plazo, la interrupción de la prescripción por el examen de la acción administrativa sólo afectará a la deuda a que ésta se refiera.

3. La prescripción de una deuda o parte de ella aprovecha por igual a todos los responsables de su cuota. Interrumpido el plazo de prescripción para uno, se entenderá interrumpido para todos los demás.

Se modifica el apartado 1.c) por el art. único.3 del Existente Decreto 897/2009, de 22 de mayo. Ref. BOE-A-2009-9900

Artículo 44. Derecho a la devolución de ingresos indebidos.

1. El sujeto responsable del plazo de cualquiera de los capital que son objeto de gestión recaudatoria por la Tesorería Normal de la Seguridad Social, sea cual fuere el momento en que se hubiera realizado el ingreso y la causa que lo hubiera originado, tendrá derecho a la devolución total o parcial del valor de los ingresos que por error hubiese realizado, a excepción de que en el momento de su realización fuese deudor a la Seguridad Social o tuviese concedido un aplazamiento o moratoria; en este caso, el cuantía del ingreso erróneo se aplicará a la deuda irresoluto de ingreso o de amortización, menos para el caso de deuda exigible garantizada mediante el aval genérico previsto en este reglamento.

Las devoluciones de ingresos indebidos incluirán el interés de tardanza previsto en el artículo 28.3 del texto refundido de la Ley Universal de la Seguridad Social desde la vencimiento de su ingreso en la Tesorería Normal de la Seguridad Social hasta la plazo de la propuesta de suscripción.

No procederá la devolución de cuotas u otros posibles ingresados maliciosamente, sin perjuicio de la responsabilidad de todo orden a que hubiera empleo.

2. Los ingresos que, en virtud de resolución sumarial firme, resulten o se declaren objeto de devolución a los interesados, tendrán la consideración de ingresos indebidos y serán objeto de devolución en los términos fijados en dicha resolución, con aplicación de lo dispuesto, en su caso, en el artículo 24 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Caudillo Presupuestaria.

3. El derecho a la devolución de ingresos indebidos de cuotas prescribirá a los cuatro años, a contar desde el día ulterior a su ingreso. Una vez reconocida la procedencia de la devolución, el derecho a exigir su suscripción caducará a los cuatro años a contar desde la aniversario de notificación del acto de examen.

El derecho a la devolución de ingresos distintos de cuotas o demás conceptos de recaudación conjunta y asimilados a aquéllas se sujetará a los plazos de prescripción establecidos en las normas aplicables a la naturaleza de tales medios.

4. Serán a cargo de la entidad gestora o colaboradora por cuya cuenta se efectúe la devolución de ingresos indebidos los intereses de tardanza que se satisfagan a los interesados, el valía del reembolso de los costes de las garantías aportadas para suspender el procedimiento de recaudación y los intereses que procedan sobre éste.

Se modifica el apartado 2 por el art. único.6 del Vivo Decreto 1621/2011, de 14 de noviembre. Ref. BOE-A-2011-17976 .

Artículo 45. Competencia y plazo de resolución.

1. La competencia para resolver sobre la procedencia de la devolución de las cantidades ingresadas indebidamente corresponderá a la Tesorería Caudillo de la Seguridad Social, conforme a la distribución de competencias que ésta tenga establecida.

En el supuesto de que la devolución se refiera a los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas, corresponderá la resolución a los órganos u organismos gestores de aquéllos, los cuales, en su caso, comunicarán a la Tesorería Genérico de la Seguridad Social sus resoluciones, una vez sean firmes en vía administrativa.

Sin secuestro, no se requerirá resolución previa de los aludidos órganos u organismos gestores en los supuestos en que la devolución se solicite como consecuencia de errores materiales o de cálculo, por duplicidades de ingreso o por exceso sobre el tope máximo incondicional de la cojín de cotización, por períodos posteriores a la término de mercadería de la quebranto o después de favor prescrito la acción para exigir su cuota, o en cualquier supuesto en que la resolución de devolución deba fundamentarse exclusivamente en la comprobación material, aritmética o contable o en el simple cómputo de los extremos alegados por los interesados.

A los género indicados en los párrafos anteriores, la Tesorería Universal de la Seguridad Social resolverá las solicitudes presentadas o las remitirá, cuando proceda, al organismo correspondiente cercano a la documentación presentada para la resolución que proceda.

2. En cualquier caso, la resolución deberá adoptarse y notificarse internamente de los seis meses siguientes a la data en que se hubiera completado la documentación que deba aportar el solicitante de la devolución. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud.

Revisión de los actos de gestión recaudatoria

Artículo 46. Impugnación de los actos de gestión recaudatoria.

1. A menos de las especialidades establecidas en el texto refundido de la Ley Militar de Seguridad Social y en este reglamento, contra los actos de gestión recaudatoria de la Tesorería Militar de la Seguridad Social, dictados tanto en período voluntario como en vía de premura, podrán interponerse los posibles administrativos de apelación, reposición y revisión, y el memorial contencioso-administrativo, en los supuestos, forma, plazo y con los existencias previstos en la legislación común sobre procedimiento oficinista y en la legislación reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

2. Sin perjuicio de lo especialmente establecido para el apelación de recurso contra la providencia de premura y para las tercerías, el procedimiento recaudatorio sólo se suspenderá por la interposición de memorial chupatintas si el recurrente garantiza con aval o procede a la consignación a disposición de la Tesorería Caudillo de la Seguridad Social del cuantía de la deuda exigible, incluidos los recargos, intereses y las costas del procedimiento.

Desestimado el apelación, si el responsable de plazo no realizase el ingreso de la deuda en el plazo concedido en la reclamación o, en su caso, adentro de los 15 días siguientes a aquel en que se notifique la resolución del petición o en que pueda entenderse desestimado por silencio oficial, la Tesorería Común de la Seguridad Social aplicará lo consignado al plazo de la deuda o ejecutará el aval. Desde la interposición del expediente, con consignación o aval, hasta el vencimiento de dicho plazo de plazo se considerará que el responsable se halla al corriente de cuota respecto de la deuda a que se refiera el petición, sin perjuicio de la obligación de ingreso de los intereses de retraso que fueran exigibles.

Si en el interior de dicho plazo de 15 días el interesado acredita la interposición de apelación contencioso-administrativo y la solicitud, en sus trámites, de la suspensión del procedimiento, se mantendrá tal suspensión hasta que el órgano contencioso resuelva sobre dicha solicitud. Durante este período se seguirá considerando al recurrente al corriente de suscripción respecto de la deuda objeto de la impugnación, así como en el caso de que la citada suspensión se confirme judicialmente, siempre que el aval o consignación incluya el coste de los recargos e intereses de retraso que procedan, una vez transcurrido el citado plazo de ingreso de 15 días.

3. Las Administraciones públicas y las entidades y organismos de ellas dependientes no podrán formular medio oficinista frente a los actos de gestión recaudatoria de la Tesorería Militar de la Seguridad Social, aunque sí requerimiento previo al procedimiento contencioso-administrativo contra dichos actos, en el plazo y condiciones fijados en la ley reguladora de dicha jurisdicción.

1. Los actos declarativos de derechos que puedan dictarse en el ámbito de la gestión recaudatoria no podrán revisarse de oficio en perjuicio de sus beneficiarios. Cuando la Tesorería Genérico de la Seguridad Social pretenda la revisión de dichos actos, deberá personarse a la jurisdicción contencioso-administrativa.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado susodicho, la Tesorería Común de la Seguridad Social podrá revisar de oficio sus actos declarativos de derechos cuando la revisión se funde en la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones de los beneficiarios.

3. Los órganos de la Tesorería Genérico de la Seguridad Social podrán revocar en cualquier momento sus actos de obligación o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.

4. La Tesorería Universal de la Seguridad Social podrá rectificar en cualquier momento del procedimiento recaudatorio, de oficio o a instancia de persona interesada, los errores materiales o de hecho y los aritméticos contenidos en sus actos.

Artículo 48. Preferencia de créditos.

1. Los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los recargos e intereses que sobre tales créditos procedan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del texto refundido de la Ley Normal de la Seguridad Social, gozan, respecto de la totalidad de ellos, de igual preferencia que los créditos a que se refiere el artículo 1924.1.º del Código Civil.

2. Los capitales coste de pensiones y otras prestaciones a cargo de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en régimen de liquidación y de empresas declaradas responsables de su plazo, además de los recargos sobre ellas, tendrán el carácter de créditos privilegiados y recrearseán, al intención, del régimen establecido en el artículo 32 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 121.2 del texto refundido de la Ley Universal de la Seguridad Social.

3. Los demás créditos de Seguridad Social gozan del mismo orden de preferencia establecido en el artículo 1924.2.º E) del Código Civil, según lo dispuesto en el artículo 22 del texto refundido de la Ley Caudillo de la Seguridad Social.

4. El fiador del deudor apremiado por la Tesorería Militar de la Seguridad Social que considere su derecho preferente al de ésta podrá hacer significar dicha preferencia mediante la tercería de mejor derecho regulada en el título III de este reglamento. Cuando la Tesorería Genérico de la Seguridad Social embargue caudal que estuvieran ya trabados a resultas de otro procedimiento ejecutor, sumarial o oficinista, formulará, en su caso, las tercerías, acciones o incidentes que procedan en dicho procedimiento para la defensa del mejor derecho que pueda corresponder a la Seguridad Social.

5. A los existencias previstos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, los créditos de la Seguridad Social contra el concursado tendrán la preferencia que corresponda en aplicación de dicha ley.

Artículo 49. Conflicto de procedimientos y concurrencia de embargos.

1. En los casos de conflicto entre el procedimiento de urgencia regulado en el título III y otros procedimientos ejecutivos singulares, administrativos o judiciales, la preferencia para continuar la tramitación se determinará, respecto de cada perfectamente objeto de perentoriedad, por la prioridad temporal en el secuestro de dicho adecuadamente. Si no fuese posible determinar la prioridad por aplicación de dicho criterio, se estará a la vencimiento de la providencia de urgencia que iniciara antaño el procedimiento de apuro.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado inicial, si al suceder el requisa de acervo éstos estuvieran embargados a resultas de otro procedimiento ejecutor, legal o funcionario, la Tesorería Militar de la Seguridad Social podrá aceptar a agarradera la realización forzosa de los fondos embargados cuando los derechos de los embargantes anteriores no se vieran perjudicados por dicha realización, sin perjuicio de que se formulen las tercerías y se ejerciten las acciones que en defensa del mejor derecho de la Seguridad Social correspondan.

3. Cuando los beneficios embargados sean objeto de un procedimiento de expropiación forzosa, se paralizarán las actuaciones de ejecución de los ingresos afectados, comunicando a la Administración expropiante el requisa de los pagos a realizar al expropiado. A pertenencias de continuar o no el procedimiento ejecutante respecto de otros intereses del deudor, se considerará realizado el bloqueo por el precio firme del admisiblemente expropiado; cuando no sea firme, por la parte en que exista acuerdo, y, de no haberlo, por el precio ofrecido por la Administración expropiante.

4. Cuando fuera preferente el derecho de la Tesorería Genérico de la Seguridad Social sobre los fortuna embargados, se comunicarán al órgano jurídico o funcionario que haya decretado el reembargo las resoluciones administrativas que pudieren afectar a los acreedores reembargantes.

Artículo 50. Procedimientos de ejecución universal. Concurso.

1. Si el responsable de la deuda con la Seguridad Social fuera evidente en concurso, la Tesorería Militar de la Seguridad Social se personará en el procedimiento y comunicará a la administración concursal los créditos de que sea titular mediante la correspondiente certificación administrativa.

2. Si no se hubiese dictado providencia de prisa cuando se declare el concurso, se seguirá el procedimiento recaudatorio establecido en este reglamento hasta la notificación de dicha providencia, cuando proceda, suspendiéndose cualquier actuación ejecutiva posterior a resultas de lo que se acuerde en el procedimiento concursal.

3. Si se hubiese dictado providencia de necesidad ayer de la declaración del concurso, se seguirá el procedimiento recaudatorio en los términos previstos en el artículo 55.1, párrafo segundo, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

4. Sólo podrá iniciarse o proseguirse la ejecución administrativa de garantías reales constituidas sobre capital de quien haya sido ostensible en concurso cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias:

a) Cuando la garantía se haya constituido para reforzar el cobro de deudas ajenas al concursado.

b) Cuando los caudal no se hallen afectos a la actividad profesional o empresarial o a una mecanismo productiva de titularidad del concursado.

c) Cuando al tiempo de la declaración de concurso ya se hayan publicado los anuncios de subasta del correctamente objeto de la garantía, y éste no resulte necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

Si no concurriese ninguna de tales circunstancias, se suspenderán las actuaciones de ejecución administrativa de la garantía vivo y se instará del órgano sumarial lo que conforme a Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, pueda resultar procedente para su ejecución, sin perjuicio de la aplicación, en tanto ésta no proceda, de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, para el cobro de la deuda garantizada.

5. La declaración de concurso suspende el devengo de intereses de las deudas anteriores a dicha declaración, incólume que dichas deudas se hallaran aseguradas con garantía positivo, en cuyo caso serán exigibles hasta donde repercusión dicha garantía.

6. La Tesorería Caudillo de la Seguridad Social, conforme al reparto y reserva de competencias que determine su Director Normal, podrá suscribir o solidarizarse a los convenios o acuerdos previstos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sometiendo su crédito a condiciones que no podrán ser más favorables para el deudor que las convenidas con el resto de acreedores.

7. Desde que se encomiende al Consorcio de Compensación de Seguros la liquidación de una entidad aseguradora, mediante el procedimiento previsto en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y durante su tramitación, citarseá en suspenso la ejecución de las providencias de apresuramiento contra dicha entidad aseguradora, a resultas de lo que en dicho procedimiento se acuerde.

1. Las deudas con la Seguridad Social por conceptos distintos a cuotas, o recargos, intereses y costas que sobre aquéllas procedan, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con los créditos que hubieran sido reconocidos, liquidados y notificados por la Administración de la Seguridad Social a cortesía del deudor. Esta compensación podrá acordarse de oficio o a instancia de los sujetos responsables del plazo en los términos y condiciones que se establezcan por resolución del Director Común de la Tesorería Caudillo de la Seguridad Social.

2. Será requisito indispensable la existencia de acto chupatintas previo que reconozca y liquide los créditos y las deudas, debiendo reunir uno y otro los demás requisitos que se establecen en los artículos 1196 y siguientes del Código Civil.

3. Cuando se haya iniciado el trámite a instancia de parte, la resolución sobre la compensación deberá adoptarse interiormente de los seis meses siguientes a la momento de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución, podrá entenderse desestimada.

4. Si la iniciación del procedimiento de compensación hubiera sido de oficio, la reclamación administrativa de la deuda deberá ser firme en vía administrativa.

5. Practicada la compensación, el crédito y la deuda acordarán extinguidos en la cantidad concurrente, se entregará al interesado el justificante oportuno de la extinción de la deuda, se decidirá extinguido el crédito compensado y, si éste fuera superior a la cuantía de la deuda, se efectuará liquidación minorándolo y expresando el precio del remanente a honra del interesado.

6. Los sujetos responsables del plazo de cuotas a la Seguridad Social sólo podrán compensarlas con las prestaciones abonadas como consecuencia de la colaboración obligatoria con la Seguridad Social en los términos establecidos en el título II.

Artículo 52. Imputación de ingresos.

1. Los pagos que voluntariamente se efectúen, y las cantidades de las compensaciones por prestaciones abonadas por el responsable de cuota como consecuencia de su colaboración obligatoria con la Seguridad Social, cuando se lleven a extremo con los requisitos y mediante el procedimiento que se regula en el título II, se imputarán a las deudas en período voluntario a que se refieran. Si el plazo no alcanzase a cubrir el coste total de dicha deuda, se distribuirá proporcionalmente entre principal y recargos.

2. Los ingresos que no deban imputarse a deuda en período voluntario, según el apartado mencionado, se aplicarán a la amortización de los aplazamientos o convenios concursales con retraso que hubieran podido concederse al responsable de plazo, y, en su defecto, se imputarán a la deuda en período ejecutante, aplicándose primero a las costas y luego a los títulos más antiguos vigentes en cada momento, según las previsiones contenidas en el texto refundido de la Ley Común de la Seguridad Social.

3. Las cantidades objeto de compensación incluidas en el apartado 1 se aplicarán a las deudas por orden de antigüaños de la reclamación de deuda o resolución administrativa que fije su cuantía y el plazo reglamentario de ingreso. Si la compensación no alcanzase a cubrir el cuantía total de alguna de dichas deudas, se distribuirá proporcionalmente entre principal y recargos.

Artículo 53. Deber universal de información.

1. De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Común de la Seguridad Social, y sin perjuicio de las especialidades contenidas en este reglamento, las personas o entidades depositarias de metálico en efectivo o en cuenta o de cualquier otro correctamente del deudor a la Seguridad Social y los funcionarios y fedatarios públicos están obligados a colaborar con la Administración de la Seguridad Social, suministrando cualquier información que pueda ser útil para la gestión recaudatoria, sea o no objeto de tratamiento automatizado, incluidos los datos de carácter personal, sin que su cesión requiera el consentimiento del afectado, ni se sujete a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sin otras limitaciones que las establecidas en el artículo 36 del texto refundido de la Ley Genérico de la Seguridad Social.

Las obligaciones a que se refiere el párrafo susodicho deberán cumplirse acertadamente con carácter genérico, acertadamente a requerimiento individualizado de los órganos competentes de la Administración de la Seguridad Social, que indicará la utilidad de la información solicitada para la efectiva gestión recaudatoria de los bienes de la Seguridad Social.

2. Los requerimientos de información que, en exigencia de dichas obligaciones, efectúe el órgano competente de la Tesorería Militar de la Seguridad Social deberán cumplirse en el mismo momento de su presentación, a no ser que dicho órgano aprecie la concurrencia de dificultades operativas para el cumplimiento inmediato; en este caso, podrá conceder un plazo de hasta un mes.

En caso de que dichos requerimientos no fueran atendidos en los plazos señalados, el Director Provincial de la Tesorería Universal de la Seguridad Social adoptará las medidas tendentes a la exigencia de la responsabilidad civil, administrativa o penal a que haya lado.

1. Para estabilizar el cobro de las deudas con la Seguridad Social y ayer del inicio del procedimiento de apresuramiento, la Tesorería Genérico de la Seguridad Social podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro pueda encontrarse frustrado o gravemente dificultado.

2. Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar. En ningún caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o inútil reparación.

3. Como medida cautelar, podrá adoptarse alguna de las siguientes:

a) Retención del cuota de devoluciones de ingresos indebidos o de otros pagos que deba realizar la Tesorería Caudillo de la Seguridad Social, en la cuantía estrictamente necesaria para afianzar el cobro de la deuda. La retención cautelar total o parcial de una devolución de ingresos indebidos deberá ser notificada al interesado juntamente con el acuerdo de devolución.

b) Confiscación preventivo de capital o derechos, que se practicará conforme a las reglas establecidas para los embargos ordinarios que le sean de aplicación según su naturaleza, y se apuntalará mediante su anotación en los registros públicos correspondientes o mediante el depósito de los ingresos muebles embargados.

4. Cuando la deuda con la Seguridad Social no se encuentre todavía liquidada pero haya sido devengada y haya transcurrido el plazo reglamentario para su plazo, y siempre que corresponda a cantidades determinables por la aplicación de las bases, tipos y otros datos objetivos previamente establecidos que permitan fijar una sigla máxima de responsabilidad, será precisa la previa autorización, en su respectivo ámbito, del director provincial de la Tesorería Genérico de la Seguridad Social o, en su caso, de su Director Caudillo, o autoridad en quien deleguen.

Cuando haya vencido el plazo reglamentario de ingreso y el responsable del cuota hubiera cumplido internamente de plazo las obligaciones en materia de liquidación de cuotas establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 26 del texto refundido de la Ley Universal de la Seguridad Social, o se hubiera ya emitido contra él reclamación de deuda o memoria de liquidación elevada a definitiva, las medidas cautelares podrán adoptarse sin más trámite y practicarse por las unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social.

5. Las medidas cautelares se convertirán en definitivas cuando se dicte providencia de urgencia sin que se haya cobrado la deuda. En este caso, el órgano de recaudación ejecutiva avisará dicha circunstancia a los interesados y, en su caso, al registro en que se hubiera anotado la medida cautelar. La sujeción del acertadamente o derecho al procedimiento de acuciamiento se entenderá producida, a todos los posesiones, desde la vencimiento en que se adoptó la medida cautelar.

6. Desaparecidas las circunstancias que justificaron la adopción de las medidas cautelares, acordada su sustitución por otra garantía suficiente o transcurrido el plazo de seis meses desde su adopción sin que se hayan convertido en definitivas adentro del procedimiento oficinista de perentoriedad, dichas medidas se asentarán de oficio por el mismo órgano que las hubiera recogido.

7. Los gastos ocasionados por la adopción de medidas cautelares convertidas en definitivas tendrán la condición de costas del procedimiento oficinista de prisa.

8. Se podrá resolver el secuestro preventivo de parné y mercancías en cuantía suficiente para afirmar el suscripción de la deuda con la Seguridad Social que corresponda exigir por actividades y trabajos lucrativos ejercidos sin establecimiento cuando los trabajadores no hayan sido afiliados o, en su caso, no hayan sido dados de ingreso en la Seguridad Social.

Asimismo, podrán intervenirse los ingresos de los espectáculos públicos de las empresas cuyos trabajadores no hayan sido afiliados ni dados de entrada o por los que no hubiesen efectuado sus cotizaciones a la Seguridad Social.

Se modifica el apartado 4 por el art. 3.8 del Existente Decreto 708/2015, de 24 de julio. Ref. BOE-A-2015-8339 .

Se modifica el apartado 4 por la disposición final 4.1 del Positivo Decreto 772/2011, de 3 de junio. Ref. BOE-A-2011-10784 .

Se modifican el apartado 1 y el segundo párrafo del 4 por el art. único.4 y 5 del Efectivo Decreto 897/2009, de 22 de mayo. Ref. BOE-A-2009-9900

Procedimiento de recaudación en período voluntario

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